By La Unión de Colegiados Contratistas del MINERD (UCOCOMI) reclamó frente al Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) la devolución de unos RD$113 millones correspondientes a intereses bancarios y otras retenciones que, según la organización, fueron descontados a ingenieros y contratistas encargados de la construcción de centros educativos desde los años 2013 y 2014.
Los contratistas hicieron un llamado al presidente Luis Abinader y al ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, para que intervengan y dispongan una solución definitiva a una situación que, aseguran, se ha prolongado durante varios años.
Mircy Matos, representante de UCOCOMI, explicó que uno de los principales reclamos corresponde a los intereses generados por las líneas de crédito que fueron autorizadas para financiar la continuación de las obras escolares.
“Desde ese tiempo, los intereses de las líneas de crédito nos fueron descontados y hasta el momento no nos los han devuelto”, afirmó Matos.
Indicó que el reclamo involucra a unos 110 contratistas, de los cuales alrededor de 40 ya habrían completado el proceso de depuración documental ante el Banco de Reservas desde el año pasado, sin que hasta la fecha se haya materializado el pago.
Matos sostuvo que la devolución de esos intereses está contemplada en el artículo 5 de la Ley 118-21, que, según explicó, establece que los intereses bancarios correspondientes a esas líneas de crédito deben ser cubiertos por el Ministerio de Educación.
“Tenemos un grupo que está listo y todavía no se le ha devuelto el dinero. Estamos requiriendo al presidente Abinader que ordene al Ministerio de Educación resolver esta situación y pagarnos lo que nos retuvieron”, manifestó.
UCOCOMI también exige la devolución de recursos que asegura fueron retenidos indebidamente en las cubicaciones pagadas a los contratistas por concepto de la Ley 6-86 sobre el Fondo de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores de la Construcción (FOPETCONS).
De acuerdo con la organización, el artículo 1 de esa legislación establece que el aporte correspondiente es responsabilidad del propietario de la obra, que en estos proyectos sería el MINERD o, actualmente, la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE).
Los contratistas alegan que, por esa razón, el 1 % correspondiente a ese concepto no debió ser descontado de sus cubicaciones y libramientos.
UCOCOMI sostiene que, para aplicar ese porcentaje sobre los gastos directos de las obras, el monto debía estar contemplado dentro de los gastos generales de los presupuestos base correspondientes a los sorteos 1 al 4 del Plan Nacional de Edificaciones Escolares (PNEE).
La arquitecta Jacqueline Mojica explicó que los contratistas han realizado múltiples gestiones ante las autoridades del Ministerio de Educación en busca de una solución.
Según indicó, representantes del gremio lograron reunirse con la viceministra administrativa hace aproximadamente seis o siete meses, pero desde entonces continúan a la espera de una respuesta definitiva.
“Hemos hecho muchas solicitudes para reunirnos con la viceministra administrativa. Ella nos recibió una vez, pero ya hace seis o siete meses. Todavía nos dicen que están trabajando y estudiando el caso”, expresó Mojica.
Agregó que el proceso también ha involucrado a la Contraloría General de la República y que algunas de las solicitudes realizadas por ese organismo fueron atendidas, aunque el expediente posteriormente habría quedado rezagado.
Al ser cuestionada sobre si considera que existe negligencia por parte de las autoridades, Mojica afirmó que el proceso se ha extendido más de lo razonable.
“Yo diría que ellos están tomándose su tiempo. Nos dicen: ‘estamos trabajando, estamos trabajando’, cuando ya hay un proceso bastante arduo agotado por ellos mismos para realizar el pago y todavía no nos han pagado”, sostuvo.
Contratistas aseguran estar al borde de la quiebra
UCOCOMI advirtió que la prolongación del proceso ha colocado a numerosos contratistas en una situación económica crítica, pese a que las escuelas construidas por estos profesionales llevan entre siete y nueve años en funcionamiento y ofreciendo docencia.
La organización reiteró que no está solicitando una ayuda económica extraordinaria, sino la devolución de recursos que entiende corresponden legalmente a los contratistas.
Finalmente, los ingenieros y constructores apelaron al presidente Luis Abinader para que intervenga ante el Ministerio de Educación y las demás instituciones involucradas, a fin de agilizar los expedientes pendientes y proceder con los desembolsos.
