By Santo Domingo.– El Pleno de la nueva Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) anunció este lunes la aprobación y publicación de sus tres primeros informes de fiscalización, en cumplimiento de las atribuciones conferidas por la Constitución y la Ley núm. 18-24.
Los informes corresponden al Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), al Ministerio de Hacienda (MH) y al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), y fueron aprobados mediante las resoluciones AUD-2025-005, AUD-2025-006 y AUD-2025-007 (C).
La presidenta del órgano, Emma Polanco Melo, destacó el compromiso de la institución con la transparencia, la rendición de cuentas y el rigor técnico. “Nuestra misión es clara: fortalecer la integridad del Estado, actuando con independencia y estricto apego a la ley”, afirmó.
Contenido de los informes
Ministerio de Hacienda: se auditó la ejecución presupuestaria correspondiente al periodo del 1.º de enero al 31 de diciembre de 2020.
INAIPI: se realizó una investigación especial sobre compras y contrataciones entre el 1.º de agosto de 2016 y el 31 de diciembre de 2020.
MICM: el informe cubre una auditoría de los estados financieros del periodo comprendido entre el 1.º de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2019.
Cada documento incluye su correspondiente informe legal y carta a la gerencia, en cumplimiento con el debido proceso y la normativa vigente.
Transparencia como eje central
El Pleno subrayó que esta nueva etapa de la Cámara de Cuentas busca recuperar la confianza ciudadana y elevar los estándares del control externo en favor del interés público. Indicaron que estos primeros tres informes son fruto de un trabajo técnico y coordinado, en el marco de un proceso transparente, donde todos los entes auditados fueron debidamente notificados.
La actual Cámara está compuesta por su presidenta, Emma Polanco Melo; el vicepresidente, Francisco Tamárez Florentino; y los miembros Francisco Franco Soto, Ramón Méndez Acosta y Griselda Gómez Santana, quienes reiteraron su disposición de fortalecer la vigilancia sobre la gestión pública.
