By El Poder Ejecutivo depositó este jueves en el Senado un proyecto de ley que establecería las reglas para conceder a operadores privados la gestión de bienes, servicios y obras públicas, desde la selección de las empresas hasta la supervisión y terminación de los contratos.
La propuesta contempla regular aspectos que comprometen recursos y responsabilidades del Estado: cuánto durarán las concesiones, en qué condiciones podrán modificarse o prorrogarse, cómo se distribuirán los riesgos y qué ocurrirá cuando un concesionario incumpla
El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, sostuvo que la iniciativa responde a la falta de una regulación específica para esta modalidad contractual.
El proyecto establece la licitación pública nacional o internacional como mecanismo de selección de los concesionarios. También contempla criterios de evaluación de las ofertas, publicidad de los procedimientos y obligaciones de supervisión y rendición de cuentas.
Una concesión permite que un operador asuma, bajo las condiciones de un contrato, la explotación de un bien, la prestación de un servicio o la ejecución y operación de una obra pública. Su alcance dependerá de las responsabilidades, los derechos y los riesgos pactados.
Para organizar estos procesos, la iniciativa propone crear el Sistema Nacional de Concesiones Públicas, con la Dirección General de Contrataciones Públicas como órgano rector. Además, establecería un Consejo Nacional de Concesiones, encargado de adoptar decisiones sobre los proyectos en los casos previstos en el texto.
La propuesta incluye restricciones para prevenir conflictos de interés, prohibiciones de participación y un régimen de infracciones y sanciones. También aborda la supervisión financiera y las condiciones para mantener la continuidad de los servicios públicos.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, recibió el documento e informó que será colocado en agenda y remitido a una comisión para su estudio.
El depósito inicia su recorrido legislativo. Para convertirse en ley, la propuesta deberá ser aprobada por ambas cámaras del Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo
