By Santo Domingo.– La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) rechazó este miércoles las conclusiones del informe denominado Monitor del Impacto Económico de la Suspensión de Clases, elaborado por Acción Empresarial por la Educación (EDUCA), al considerar que presenta inconsistencias metodológicas, datos descontextualizados y una visión parcial sobre las causas que afectan el sistema educativo nacional.
A través de un comunicado, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de la ADP sostuvo que el documento intenta responsabilizar exclusivamente a los docentes por las interrupciones en la docencia, sin tomar en cuenta las deficiencias estructurales que, según el gremio, inciden directamente en el desarrollo del proceso educativo.
La organización expresó preocupación por el hecho de que entidades privadas asuman un rol de evaluación de la educación pública sin contar, a su juicio, con el aval técnico ni institucional del Ministerio de Educación (MINERD), organismo responsable de supervisar el cumplimiento del calendario escolar.
Entre los principales cuestionamientos, la ADP señaló que el informe parte de una premisa errónea al afirmar que durante el año escolar 2025-2026 se perdieron 1,384 horas de docencia.
Según explicó el gremio, el calendario escolar oficial aprobado por el Consejo Nacional de Educación establece un total de 1,528 horas lectivas distribuidas en 191 días para los niveles Inicial y Secundario, incluyendo las modalidades Técnico Profesional, Artes y Centros de Excelencia.
“Las cifras presentadas requieren una explicación que permita validar si realmente solo se impartieron 144 horas de clases antes de emitir conclusiones de alcance nacional”, indicó la entidad.
Asimismo, la ADP rechazó la afirmación de que 55 convocatorias de suspensión afectaron a los 7,921 centros educativos públicos y semioficiales del país.
El gremio recordó que el Comité Ejecutivo Nacional tiene más de tres años sin convocar una paralización nacional de la docencia y aseguró que las protestas registradas en distintas localidades han respondido a reclamos específicos relacionados con problemas de infraestructura, falta de aulas, condiciones de seguridad y situaciones extraordinarias.
Entre esos casos citó las intoxicaciones de estudiantes y docentes provocadas por fumigaciones agrícolas en San Francisco de Macorís, así como demandas registradas en provincias y municipios como Duarte, Santiago, Azua, San Juan, Haina, Tamayo y Boca Chica.
La ADP sostuvo que reducir estas acciones a simples pérdidas económicas desconoce que muchas de ellas buscan precisamente garantizar condiciones adecuadas para el aprendizaje.
El sindicato también cuestionó la autoridad moral de EDUCA y otras organizaciones vinculadas al sector educativo para emitir valoraciones sobre el sistema público, argumentando que reciben recursos provenientes del Estado dominicano.
De acuerdo con datos citados por la ADP, EDUCA habría recibido RD$67,078,539.93 durante los últimos cinco años mediante programas de formación financiados por el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM), mientras que Fe y Alegría habría percibido RD$12,037,375.00 por concepto de subvenciones.
En conjunto, ambas entidades habrían recibido más de RD$79 millones de fondos públicos.
El gremio afirmó que, tomando como referencia los costos de construcción de aulas reportados por la Dirección de Infraestructura Escolar, esos recursos equivaldrían a la edificación de entre 11 y 15 nuevas aulas para el sistema educativo nacional.
“Resulta contradictorio que organizaciones beneficiarias de recursos provenientes del 4 % del PIB destinado a educación intenten presentar a los docentes como responsables exclusivos de supuestas pérdidas económicas, mientras guardan silencio frente a problemas como el déficit de aulas, la sobrepoblación estudiantil y el deterioro de planteles escolares”, expresó el Comité Ejecutivo Nacional.
La ADP reiteró que la prioridad debe centrarse en garantizar escuelas seguras, dignas y adecuadas para estudiantes y maestros, así como fortalecer la inversión pública en educación bajo criterios de eficiencia, transparencia y equidad.
Finalmente, la organización reafirmó su compromiso con la defensa de la educación pública, el cumplimiento del calendario escolar y la búsqueda de mejores condiciones para el proceso de enseñanza y aprendizaje en todo el país.
