By El Dominicano La Procuraduría General de la República (PGR) habría tomado las medidas tras recibir reportes sobre movimientos financieros del empresario Antonio Espaillat López.
Según las autoridades, él estaría intentando transferir bienes a su nombre. Por eso, el Ministerio Público interpretó esta acción como una posible evasión de responsabilidades.
El objetivo principal sería proteger los derechos de las víctimas del colapso ocurrido en la discoteca Jet Set.
Por esta razón, la Dirección de Persecución, dirigida por Wilson Gómez, activó diligencias legales contra las empresas Inversiones E y L SRL y Jet Set Club.
También están bajo revisión otras propiedades vinculadas al empresario.
Entre las medidas adoptadas, el Ministerio Público interpuso oposiciones legales para impedir traspasos de bienes en proceso.
Así, las autoridades buscan evitar que el patrimonio se oculte o desaparezca. Esto garantizaría posibles indemnizaciones futuras a los afectados.
Aunque no se acusa directamente a Espaillat de lavado de activos, se aplicó la Ley 155-17 como herramienta de prevención.
Esta ley permite bloquear movimientos económicos sospechosos, mientras avanzan las investigaciones.
Cabe destacar que el empresario ha manifestado su intención de colaborar con las autoridades. Incluso, ha puesto sus empresas a disposición del proceso judicial.
No obstante, ya se inició una revisión exhaustiva de documentos legales, licencias y seguros de sus negocios.
Además, peritos técnicos comenzaron a evaluar la estructura del local donde ocurrió el siniestro. Quieren determinar si existieron fallas que hayan contribuido al colapso.
También buscan definir si existe responsabilidad civil o penal en este lamentable caso.
