Santo Domingo.— El tribunal que conoce el denominado caso Cobra Senasa dictó este domingo importantes medidas de coerción contra varios de los imputados en la investigación por presunto desfalco y corrupción dentro del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), un esquema que ha sido calificado por el Ministerio Público como uno de los mayores fraudes administrativos investigados en el país.

Se dictó prisión domiciliaria para Eduardo Estrella Read y Cinty Acosta, quienes enfrentarán la medida mientras continúa la investigación. Además, los tres imputados solicitados por el Ministerio Público deberán cumplir 18 meses de prisión preventiva, entre ellos Santiago Hazim, quien cumplirá su medida en el CCR Najayo Hombres. Estas decisiones buscan garantizar la continuidad del proceso y la presencia de los implicados ante el órgano judicial.

El caso, bautizado por la Procuraduría como Operación Cobra, investiga un presunto entramado de corrupción interna que habría operado por varios años en SeNaSa, desviando fondos públicos mediante documentos falsificados, sobornos y manipulación de procesos administrativos, afectando los recursos destinados a la salud de los ciudadanos.

Prisión preventiva y medidas cautelares a 10 imputados en caso judicial; siete enviados a Najayo por 18 meses.

Santiago Marcelo Hazim: Prisión preventiva de 18 meses, Najayo

Rafael Luis Martínez Hazim: Prisión preventiva de 18 meses, Najayo

Gustavo Enrique Messina Cruz: Prisión preventiva de 18 meses, Najayo

Germán Rafael Robles Quiñones: Prisión preventiva de 18 meses, Najayo

Francisco Iván Minaya Pérez: Prisión preventiva de 18 meses, Najayo

Eduardo Read Estrella: Arresto domiciliario, impedimento de salida

Cinty Acosta Sención: Arresto domiciliario, garantía económica de 100,000 pesos e impedimento de salida.

Ramón Alan Speakler Mateo: Prisión preventiva de 18 meses, Najayo

Ada Ledesma Ubiera: Prisión preventiva de 18 meses, Najayo

Heidi Mariela Pineda Perdomo: Arresto domiciliario, garantía económica de 100,000 pesos e impedimento de salida.

Las autoridades recuerdan que las medidas impuestas son parte del debido proceso y que la investigación sigue abierta, con el objetivo de esclarecer completamente los hechos y determinar responsabilidades conforme a la ley