By Punta Cana.– La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) rindió su informe final sobre el clima que vive la libertad de prensa en República Dominicana, marcado por denuncias de extorsión y chantaje a través de medios digitales, iniciativas legislativas controversiales y reclamos por mayor apertura informativa del gobierno.
El informe final de la SIP destaca que: En este período algunos grupos de la sociedad civil expresaron inquietud y temor por iniciativas legislativas que podrían afectar la libertad de prensa.
Al mismo tiempo, varios medios de comunicación y periodistas reclamaron por el clima de creciente hermetismo gubernamental y por agresiones cometidas por la seguridad de algunos funcionarios jerárquicos.
Un debate de carácter nacional despertó el Proyecto de Ley Orgánica sobre Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, el que fue sometido con previo consenso con la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), entre otras organizaciones.
El Poder Ejecutivo presentó al Senado ese proyecto de ley que incluye la creación del Instituto Nacional de Comunicación (Inacom) como un ente regulador supervisor de contenidos en redes sociales y sitios de noticias, con el foco en proteger la privacidad y dignidad de las personas.
El proyecto, trabajado por dos años por una comisión designada por el presidente Luis Abinader, ha generado fuertes críticas de sectores políticos, colegios profesionales y comunicadores independientes. Los críticos advierten que el Inacom, diseñado como ente independiente, tiene el potencial de extralimitar sus funciones y convertirse en un mecanismo de censura gubernamental.
Por su parte, el gobierno, los principales medios agrupados en la SDD, el CDP y reconocidos periodistas apoyan la iniciativa, argumentando que protege la libertad de expresión sin censura previa y consagra respeto a la crítica pública. El proyecto también contiene artículos que protegen a los medios de presiones privadas, tal el caso que afectó Listín Diario.
En mayo, Listín Diario denunció un acto de censura extranjera. La empresa estadounidense Network Solutions le emitió un ultimátum de 48 horas para eliminar una noticia sobre el caso de corrupción de Lisandro José Macarrulla Martínez, hijo de un exministro, bajo amenaza de suspender sus servicios digitales.
El medio rechazó la amenaza, canceló su contrato con la empresa y lo denunció como una violación flagrante a la libertad de expresión, destacando la necesidad de que existan marcos legales que protejan contra la censura indirecta.
Por otra parte, el senador oficialista Rafael Duluc presentó una iniciativa adicional que penaliza toda expresión que incite al odio, la hostilidad o la discriminación. Si bien la intención declarada es loable, la ambigüedad en su redacción genera temor de que pudiera ser utilizada de manera arbitraria para silenciar la crítica y la labor del periodismo de investigación.
El Ministerio de Cultura emitió una resolución con pautas de comportamiento para los medios. Paralelamente, la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos suspendió por 30 días el programa radial “Sin filtro” y al músico “Sujeto Oro 24” por usar “lenguaje vulgar y expresiones maliciosas”.
Se sucedieron varios incidentes de agresiones y limitaciones al trabajo de la prensa, perpetrados por guardaespaldas de funcionarios públicos. Un caso notable involucró a los escoltas de la vicepresidenta Raquel Peña, quien luego se disculpó públicamente por el incidente. Otro caso similar involucró a la seguridad de la ministra Faride Raful.
Los periodistas han reportado un hermetismo creciente del gobierno. El acceso al Palacio Nacional, que antes se obtenía con una identificación de prensa verificada, ahora requiere solicitudes con hasta una semana de anticipación. Los reporteros denuncian que se les impide entrevistar libremente a funcionarios y que el equipo de seguridad se ha vuelto más agresivo durante las conferencias.
Grupos de periodistas organizaron una marcha el 13 de mayo frente al Palacio Nacional, portando pancartas con consignas como “¡No a la censura! ¡Libertad de prensa!”. En ese evento, presentaron un manifiesto para exigir acceso a registros públicos, el fin al acoso y el cese de las represalias. Otra protesta se montó en agosto frente al Congreso y la Procuraduría.
El gobierno ha reafirmado su compromiso con la libertad de prensa en foros internacionales y locales cada vez que se suscitan denuncias de maltratos verbales o físicos contra periodistas.
Por otro lado, la SDD y otras organizaciones sociales mostraron su preocupación por el uso de medios de comunicación y medios digitales para la extorsión y el chantaje, así como intentar amedrentar a periodistas profesionales.
También, Meta cerró la cuenta de instagram del periodista Roberto Cavada, con más de un millón de seguidores, por haber publicado informaciones relativas a un caso de corrupción en curso que involucra a una empresa farmacéutica privada.
