By Una demanda colectiva presentada en Europa podría sacudir los cimientos del sistema de transferencias del fútbol mundial.
La Fundación para la Justicia de los Jugadores (Justice for Players, JFP), con sede en Países Bajos, ha iniciado acciones legales contra la FIFA y otras cinco federaciones nacionales, alegando que miles de futbolistas profesionales perdieron ingresos como consecuencia directa de las reglas impuestas por el organismo rector del fútbol.
Según el comunicado emitido este lunes por la organización, cualquier jugador o jugadora sin importar su nacionalidad que haya formado parte de un club en la Unión Europea o el Reino Unido desde 2002, puede sumarse a este proceso judicial.
El recurso surge tras una sentencia histórica emitida en 2023 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que cuestionó la legalidad de algunas disposiciones del reglamento de transferencias de la FIFA, al considerarlas contrarias al derecho comunitario sobre la competencia económica y la libre circulación de trabajadores.
Un sistema que habría afectado a más de 100 mil jugadores
La JFP asegura que las normas restrictivas sobre la finalización de contratos y los traspasos perjudicaron seriamente las finanzas de miles de profesionales del fútbol.
Se estima que más de 100.000 futbolistas habrían sido impactados negativamente por este sistema, según cifras preliminares.
La acción legal no solo involucra a la FIFA, sino también a las federaciones nacionales de fútbol de Países Bajos, Francia, Alemania, Bélgica y Dinamarca.
“Las reglas actuales otorgan demasiado poder unilateral a la FIFA. En cualquier otra profesión, cambiar de empleo es un derecho básico”, señaló Lucia Melcherts, presidenta de la fundación. Añadió que estudios económicos de la firma Compass Lexecon concluyen que los jugadores percibieron un 8% menos de ingresos durante sus carreras debido a estas regulaciones.
El precedente Diarra y su impacto en la industria
El caso que abrió la puerta a esta demanda fue el del exmediocampista francés Lassana Diarra, quien en 2013 firmó con el Lokomotiv de Moscú, pero terminó rescindiendo su contrato al año siguiente. El club alegó “justa causa” y el jugador fue obligado a pagar una compensación millonaria.
Diarra argumentó que las reglas vigentes impidieron su pronta recolocación laboral, ya que cualquier club que lo contratara debía asumir parte del pago exigido al francés, limitando su libertad de trabajo.
Este fallo ha sido comparado por expertos con el caso Bosman de 1995, que cambió radicalmente el mercado de fichajes dentro de la UE. Sin embargo, hasta el momento, la decisión del tribunal en el caso Diarra no ha provocado cambios en el funcionamiento del sistema global de transferencias, el cual mueve más de 10.000 millones de dólares al año.
Un conflicto con consecuencias a largo plazo
Esta acción colectiva podría representar un antes y un después en la relación entre los jugadores y las instituciones que gobiernan el fútbol profesional. Aunque los efectos legales no se verán de inmediato, el movimiento podría forzar a la FIFA y a las federaciones involucradas a replantear su sistema, dando mayor libertad y protección a quienes realmente sostienen el espectáculo: los futbolistas.
