By La Cámara de Diputados aprobó de urgencia un proyecto de ley que busca modificar varios artículos de la Ley 339-22, la cual habilita y regula el uso de medios digitales en los procesos judiciales.
Se trata de una iniciativa, votada en la sesión desarrollada este miércoles, que propone crear un nuevo esquema para supervisar a los alguaciles del Poder Judicial.
La Suprema Corte de Justicia (SCJ), proponente inicial de esta pieza, procura que los alguaciles sean visualizados en tiempo real, a través de un sistema digital de “georreferenciación”, para verificar el cumplimiento de sus labores.
Este sistema registrará en tiempo real las coordenadas precisas… fecha, la hora oficial y el lugar exacto en que se lleve a cabo la diligencia procesal”, versa el artículo 12.1 del documento.
Según establece el Código Procesal Dominicano, una de las funciones de los alguaciles consiste en ejecutar, con indicación de un juez, la citación de los imputados en un proceso judicial.
Además, estos deben cumplir con la entrega de otras notificaciones ordenadas por el magistrado de un tribunal.
La seguridad jurídica exige que los actos procesales se realicen con plena garantía de autenticidad, transparencia… resulta necesario incorporar el sistema digital (para) asegurar la confianza…”, contiene uno de los considerandos.
En menos de una hora, el proyecto fue enviado al Senado de la República, donde de inmediato el pleno decidió someterlo al estudio de una comisión que tendrá un plazo de siete días para presentar un informe.
Esta pieza también contempla la regulación de los aspectos relacionados con los trámites procesales de manera digital.
Los congresistas de la cámara baja aprobaron una nueva disposición en el quinto artículo para evitar que las tramitaciones digitales sean obligatorias.
“La tramitación digital no podrá constituir, en ningún caso, una barrera de acceso a la justicia”, establece el artículo.
La medida intenta, según indica el resto del texto, garantizar que cualquier persona pueda, sin contar con medios tecnológicos, tener la posibilidad de cumplir con los procedimientos requeridos durante un juicio.
Ningún trámite podrá ser rechazado bajo el argumento de la obligatoriedad de la vía digital”, precisa.
Asimismo, el artículo 14 habilitaría a la SCJ disponer el uso de medios digitales para las actuaciones de los procesos. No obstante, exceptúa los procesos en materia penal cuando el imputado o la víctima presente su oposición.
La iniciativa fue depositada por el presidente de la SCJ, Luis Henry Molina, el 28 de octubre del pasado año.
