By La Cámara de Cuentas de la República Dominicana dio a conocer el informe final de la auditoría practicada al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), correspondiente al período comprendido entre de enero de 2016 y de diciembre de 2017. El examen abarcó las informaciones financieras incluidas en los estados de ejecución presupuestaria y tuvo como resultado una opinión con salvedades debido a múltiples incumplimientos de las normas legales y administrativas aplicables.
Entre los principales hallazgos, la entidad identificó partidas presupuestarias con ejecuciones de gasto en exceso, que superaron las estimaciones aprobadas e incluso se realizaron sin contar con las debidas partidas presupuestarias. El informe también señala ajustes en los estados de ejecución sin la adecuada distribución por subcuentas, así como diferencias significativas entre la información financiera reportada y la ejecución real del presupuesto.
La auditoría evidenció, además, impuestos retenidos no pagados a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), lo que representa un incumplimiento de las obligaciones fiscales de la entidad. Asimismo, se observaron contrataciones de bienes y servicios efectuadas al margen de los procedimientos establecidos en la normativa de compras y contrataciones públicas, incluyendo procesos de excepción y prácticas que afectan la transparencia en el uso de los fondos.
En respuesta a estas situaciones, la Cámara de Cuentas emitió una serie de recomendaciones dirigidas a la alta gerencia del INABIE, orientadas a mejorar la planificación, registro y control de los recursos públicos. Entre ellas destacan la obligación de incluir y clasificar correctamente todos los gastos en los presupuestos institucionales, documentar adecuadamente los ajustes que impactan subcuentas, y negociar con la DGII el pago de los montos adeudados para regularizar las obligaciones tributarias.
La CCRD también recomendó descontinuar la práctica de realizar contrataciones sin apego a los procedimientos de selección y adjudicación, y garantizar que las adquisiciones se realicen con plena sujeción a la ley y a su reglamento de aplicación. Estas medidas buscan fortalecer el control interno del INABIE, asegurar la transparencia en el manejo de los recursos destinados al bienestar estudiantil y contribuir a una gestión pública más eficiente y responsable.
