La Dirección General de Aduanas (DGA), con apoyo de otras entidades estatales, realizó la destrucción de 8,287.820 unidades de cigarrillos incautadas en operativos desarrollados entre marzo de 2025 y mayo de 2026. La cifra representa uno de los mayores decomisos de productos de tabaco en el país en el último año, según informó la propia DGA.
La entrada irregular de estos cigarrillos al mercado dominicano habría implicado una evasión fiscal estimada en RD$53.290.682,60 (USD 910,973.31), de acuerdo con datos ofrecidos por la Dirección General de Aduanas. Los operativos, coordinados por la Gerencia de Inteligencia de la DGA, contaron con la colaboración del Ejército de República Dominicana, la Armada de la República Dominicana, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el Ministerio Público.
La destrucción de la mercancía tuvo lugar en las instalaciones de Residuos Clasificados Diversos (Resicla), ubicadas en Hato Nuevo, Los Alcarrizos. Esta acción forma parte de los esfuerzos interinstitucionales para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente y combatir el comercio ilícito, informó la DGA.
En la República Dominicana, el combate al contrabando y al comercio ilícito se articula principalmente a través de la Ley 17-19 para la Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados, que tipifica y sanciona el tráfico y la falsificación de bienes sensibles como medicamentos, hidrocarburos, alcohol, tabaco y sus derivados. También se aplica la Ley 168-21 de Aduanas, que regula el tránsito internacional de mercancías y penaliza la defraudación aduanera y la introducción de carga sin control fiscal. Cuando el comercio ilegal afecta la recaudación de impuestos internos, resulta aplicable el Código Tributario (Ley 11-92).
Las sanciones establecidas para el contrabando y el comercio ilícito incluyen penas de prisión de 3 a 5 años para los responsables, severas multas económicas que pueden alcanzar de 100 a 300 veces el valor aduanero de la mercancía y la incautación o destrucción inmediata de los productos y de los medios de transporte utilizados. Las personas jurídicas involucradas enfrentan sanciones económicas y la cancelación de operaciones.
El director general de la entidad, Nelson Arroyo, declaró que la institución mantiene el compromiso de fortalecer los controles y luchar contra el contrabando y el comercio ilegal, en respaldo a la economía nacional. Arroyo enfatizó que “con estas acciones protegemos la recaudación fiscal, promovemos la transparencia y enviamos un mensaje claro de que continuaremos enfrentando con firmeza todas las prácticas que afectan el comercio formal y el desarrollo económico del país”.
Arroyo aclaró que los productos destruidos no corresponden a los hallazgos recientes anunciados ante la prensa, ya que se trata de operativos y procesos distintos. Además, sostuvo que estos esfuerzos contribuyen a proteger la salud pública al impedir la circulación de productos no regulados y refuerzan la seguridad nacional, creando condiciones favorables para la inversión.
Por parte del sector privado, Erick Pérez, representante de la Asociación Dominicana de la Industria del Cigarrillo (ASOCIGAR) y director de Asuntos Externos de Philip Morris Dominicana, valoró el trabajo realizado por la DGA y las instituciones involucradas. “Más allá de la destrucción de los más de 8 millones de cigarrillos, lo más importante es que estamos cerrando una puerta más al contrabando y al comercio ilícito”, expresó Pérez. Añadió que el accionar coordinado de las entidades “demuestra un compromiso real con el fortalecimiento de los controles y la protección de los intereses nacionales”.
Las autoridades subrayaron que la destrucción de estos productos constituye un golpe significativo al comercio ilícito de tabaco y reiteraron que las incautaciones recientes en el Puerto Multimodal Caucedo forman parte de otros procedimientos en curso.




