By Santo Domingo.– El abogado Miguel Valerio, representante legal de Santiago Hazim en el caso Senasa, aseguró que su defendido podría morir de manera súbita en la cárcel si el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional acoge la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
Valerio ofreció estas declaraciones a la prensa durante un receso de la audiencia en la que se conoce la solicitud de coerción contra varios imputados, acusados de desfalcar al Seguro Nacional de Salud (Senasa). El jurista explicó que el riesgo para la vida de Hazim se debe a la esclerosis múltiple que padece.
Según el abogado, la enfermedad no solo conlleva riesgo de muerte, sino también la posibilidad de pérdida parcial o total de las funciones motoras. “Puede morir de manera súbita o quedar parapléjico o cuadripléjico en la cárcel, esa es su realidad”, expresó Valerio.
El defensor indicó además que su cliente ha mostrado afectación emocional durante el proceso judicial, señalando que Hazim ha llorado debido a que no deseaba que su condición de salud se hiciera pública. Explicó que el exfuncionario ha requerido internamientos médicos en al menos dos ocasiones y que evitó un tercero para poder comparecer ante la justicia.
Valerio resaltó que Hazim recibe tratamiento médico en el exterior desde el año 2011, con el mismo especialista, por lo que solicitó al tribunal aplicar lo establecido en la ley para personas con enfermedades graves, al momento de decidir sobre la medida de coerción.
Sobre el caso Senasa
El Ministerio Público puso en marcha durante el pasado fin de semana la denominada “operación Cobra”, mediante la cual acusa a un grupo de personas de sustraer fondos del patrimonio público a través del Senasa. El operativo incluyó más de una docena de allanamientos, con la participación de más de 20 fiscales y unos 200 agentes policiales.
Entre los implicados figuran Santiago Hazim, exdirector ejecutivo del Senasa (2020-2025); Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero; Germán Rafael Robles Quiñones, exconsultor jurídico; Francisco Iván Minaya Pérez, exgerente de Servicios de Salud; Ramón Alan Speakler Mateo; Eduardo Read Estrella, propietario de la empresa KHERSUN S.A.; Cinty Acosta Sención, gerente de Madison Medical, S. A.; Ada Ledesma Ubiera, propietaria de la distribuidora Lufarka; Rafael Martínez Hazim, quien se entregó voluntariamente; y Heidi Mariela Pineda.
Al grupo se le imputan cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos, según el órgano acusador.
