By El Ministerio de Educación (Minerd) informó que pagó RD$361,146,999.97 correspondientes a 294 expedientes de contratistas por trabajos de mantenimiento e infraestructura escolar. Los desembolsos se realizaron en cumplimiento de la Ley núm. 16-26, que establece un procedimiento especial para atender reclamaciones por obras ejecutadas para el Estado.
La institución explicó que los pagos se efectuaron luego de recibir los expedientes revisados y aprobados por el Ministerio de Hacienda y Economía. Este proceso forma parte del mecanismo establecido para evaluar y validar las reclamaciones de contratistas que realizaron trabajos con o sin contratos formales
Entre los desembolsos figura un grupo de 43 expedientes de la Regional Educativa 04, correspondiente a San Cristóbal, por un monto de RD$34,886,613.27. Asimismo, se reportó el pago de RD$180,807,649.55 por otros 66 expedientes de contratistas de distintas regionales educativas.
El Minerd también desembolsó RD$19,522,604.71 correspondientes a 28 expedientes de las regionales 01, de Barahona; 02, de San Juan y Elías Piña; y 03, que abarca Peravia, Azua y San José de Ocoa
Posteriormente, el Ministerio de Hacienda y Economía remitió otro listado que permitió completar pagos por RD$125,930,132.44, correspondientes a 157 expedientes de las regionales 01, 02 y 03. La cartera educativa indicó que agiliza los desembolsos a medida que recibe los expedientes aprobados.
La institución señaló que agotó los procedimientos que le correspondían y remitió formalmente los casos a Hacienda y Economía para continuar con la revisión y validación establecidas por la legislación. La comisión encargada de ese proceso está presidida por dicho ministerio.
La Ley núm. 16-26 fue promulgada el 1 de mayo de este año y creó un mecanismo para revisar las reclamaciones por obras ejecutadas para distintas entidades públicas. La normativa contempla trabajos realizados bajo las condiciones previstas en su marco legal, independientemente de que exista un contrato formal.
Además del Ministerio de Educación, la legislación abarca reclamaciones relacionadas con obras ejecutadas para el Ministerio de Obras Públicas, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) y la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), entre otras instituciones estatales
