La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) expresó preocupación por varios artículos del nuevo Código Penal que, según advirtió, por la amplitud de algunos de sus términos podrían criminalizar medidas disciplinarias, pedagógicas y correctivas aplicadas por los docentes durante el ejercicio de sus funciones.
La posición fue planteada durante un panel organizado por el gremio magisterial en su sede de Gazcue, donde juristas, legisladores y representantes del sector educativo analizaron las implicaciones que tendría la nueva legislación penal para el ejercicio de la labor docente.
El presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, afirmó que el sindicato respalda el fortalecimiento de la protección de niños, niñas y adolescentes, pero consideró necesario que la reforma penal establezca límites claros que permitan diferenciar entre actuaciones abusivas y las medidas pedagógicas o disciplinarias propias del ejercicio docente.
“Valoramos la necesidad de fortalecer la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes, así como de garantizar espacios educativos seguros, libres de violencia y de cualquier forma de vulneración de derechos”, expresó Hidalgo.
Sin embargo, advirtió que las nuevas disposiciones deben preservar las garantías constitucionales y evitar que los docentes puedan quedar expuestos a procesos penales por actuaciones realizadas dentro de sus responsabilidades educativas.
“Entendemos que toda reforma penal debe guardar un equilibrio entre la necesaria protección de la sociedad y el respeto a los derechos y garantías establecidos en la Constitución de la República Dominicana”, sostuvo.
Hidalgo recordó que la ADP remitió el pasado 15 de julio una comunicación a la Cámara de Diputados, en la que planteó sus inquietudes sobre las disposiciones del nuevo Código Penal que podrían tener incidencia directa en la labor de los maestros.
El gremio insistió en que su planteamiento no busca debilitar las herramientas legales destinadas a proteger a los estudiantes, sino establecer una regulación que permita garantizar sus derechos sin convertir en conductas penalmente sancionables actuaciones propias del proceso educativo.
El panel contó con la participación del diputado Wandy Modesto Batista; el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, Trajano Vidal Potentini;e l maestro y abogado José Vega; y el consultor jurídico de la ADP, John A. Bello.
Los participantes analizaron los alcances de los artículos del nuevo Código Penal que podrían incidir en la relación entre docentes y estudiantes, así como las posibles consecuencias jurídicas para los educadores.
La actividad fue moderada por Nolberto Ortiz, secretario de Finanzas de la ADP, y contó además con la organización del profesor Isaías Solano.
La ADP reiteró que continuará promoviendo el debate sobre las disposiciones de la reforma penal que puedan afectar el ejercicio de la profesión docente, al tiempo que defendió la necesidad de garantizar escuelas seguras y espacios libres de violencia, sin menoscabar las herramientas pedagógicas y disciplinarias de los maestros.




