By El ministro de Energía y Minas y actual presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), Joel Santos, asume esa importante entidad del sector energético con el reto principal de reducir los altos niveles de pérdidas técnicas y no técnicas que registran las empresas distribuidoras y continuar con los ambiciosos planes de inversión para la mejora de las redes de distribución, subestaciones, repotenciadores, etc.
A Joel Santos le tocará concluir el Plan Integral de Reducción de Pérdidas 2022-2028, un ambicioso proyecto que contempla inversiones por encima de los US$1,600 millones, la mayoría de las cuales fue ejecutada por su antecesor, Celso Marranzini.
No obstante, a dos años de finalizar ese plan, las pérdidas no se han reducido significativamente y, en algunas distribuidoras, inclusive han aumentado.
Actualmente, y según el Informe de Desempeño de las EDE que emite el Ministerio de Energía y Minas, a mayo de 2026, las pérdidas de energía de todas las Empresas Distribuidoras de Electricidad alcanzan el 38.9%, con un aumento de 1.1 puntos porcentuales respecto a mayo de 2025.
Sin embargo, la meta con el Plan de Reducción de Pérdidas era bajarlas a un 27% en promedio para el 2027. Edenorte debe bajar de un 26% a un 20%, Edesur del 32% a un 20% y Edeeste de un 56% a un 41%. Dado el tiempo restante para el 2027, dicha meta luce imposible.
Sin embargo, se han realizado importantes inversiones para mejorar la distribución y se han tomado medidas para eficientizar la gestión de las EDE.
En agosto de 2024, el entonces presidente del CUED, Celso Marranzini, anunció una inversión integral de US$650 millones en un plan para la modernización y eficiencia del sector de distribución eléctrica que incluye a Edesur, Edenorte y Edeeste.
Ya en julio de 2026, Marranzini afirmaba que se habían invertido 700 millones de dólares y que en 2027 se invertirían otros 225 millones de dólares, estos últimos mediante financiamiento del Banco Mundial, para la rehabilitación de 1,182 kilómetros de redes eléctricas y la normalización de 219,080 suministros, lo que beneficiaría a cerca de 580,000 personas en todo el territorio nacional.
También quedan pendientes importantes inversiones para la expansión y rehabilitación de redes, sobre todo en puntos vulnerables, así como el blindaje técnico de las redes de distribución para permitir el abastecimiento de la demanda conforme a lo establecido en la Ley núm. 125-01.
Igualmente, quedan pendientes la continuidad y ampliación de los programas de telegestión (telemedida y telecorte) y/o prepago, incluyendo a los clientes que participan en Bonoluz.
