La Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas (ANADEGAS), que agrupa a 780 estaciones de servicios en todo el país, solicitó formalmente la intervención del Gobierno dominicano y de la Superintendencia de Bancos para buscar una solución al cobro de comisiones por el uso de tarjetas de crédito y débito, las cuales califican de «excesivas».
Los detallistas aseguran que debido a los márgenes de comercialización que se ganan los proveedores de servicios de pagos con tarjeta, las estaciones de combustible enfrentan una situación financiera crítica.
Actualmente, las procesadoras de tarjetas (como Azul, Visanet y Carnet) aplican comisiones que oscilan entre el 1.95% y el 2.50%
Para los detallistas, este costo financiero se traduce en un gasto de entre RD$6.59 y RD$8.45 por cada galón vendido.
Considerando que el margen bruto de comercialización está regulado por el Estado (RD$23.75 por galón en diésel y RD$27.07 en gasolinas), las comisiones bancarias están consumiendo entre el 25% y el 36% de la rentabilidad bruta de las estaciones
Entre el 50% y el 70% de las ventas de combustibles ya se realizan mediante tarjetas. El sector de estaciones de servicio representa el 10% de todas las ventas con tarjetas de crédito a nivel nacional.
A diferencia de otros comercios, los gasolineros no pueden trasladar este costo al consumidor final, ya que los precios de venta son fijados por el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES.
Al comparar la situación local con la de otros países, la entidad gremial subrayó que las tasas locales son significativamente superiores a las de otros mercados. En Europa, por ejemplo, las comisiones oscilan entre el 0.3% y el 0.8%, niveles muy por debajo de los vigentes en la República Dominicana.
Ante esta realidad, ANADEGAS propuso la creación de un régimen especial de comisiones para el sector de combustibles.
La asociación argumenta que esta medida es viable dado que las instituciones financieras cuentan con otras fuentes de ingresos, como intereses por financiamiento, cargos por mora y membresías, por lo que un tratamiento diferenciado no afectaría la sostenibilidad del sistema financiero.
El ingeniero Juan Elías Pérez, presidente de ANADEGAS, reiteró que la intención no es desalentar el uso de pagos electrónicos, sino garantizar la estabilidad económica de las estaciones de servicio mediante un esquema «justo, técnico y sostenible» que beneficie tanto a la economía nacional como a los consumidores




