Redacción.- Desde Participación Ciudadana hemos identificado actividades que se orientan a abrir la campaña electoral a destiempo, a pesar de disposiciones legales que lo prohíben y de que se distraería la atención de funcionarios públicos en momentos en que deben enfrentar la amenaza de una crisis económica por el aumento de los precios del petróleo.
La norma es clara en el sentido de que la precampaña para las elecciones generales de 2028 comenzará el primer domingo de julio de 2027 y concluye con las escogencias de las candidaturas, mientras que la campaña electoral inicia con la proclama de la Junta Central Electoral, a más tardar 70 días antes de las elecciones.
Por lo tanto, cualquier acto proselitista a favor de aspirantes a las candidaturas está prohibido hasta el 25 de julio de 2027, por lo que recordamos el comunicado de advertencia publicado por la Junta Central Electoral (JCE) tan temprano como el 20 de febrero de 2025, ante amenazas, como ahora, de inicio de la precampaña a destiempo.
En ese comunicado, la JCE advirtió que “cualquier actividad proselitista, realizada antes de los plazos establecidos, está prohibido” y señaló que “esto incluye consultas previas o cualquier otra modalidad con el propósito de escoger o definir precandidaturas o candidaturas, así como anuncios públicos de aspiraciones a precandidaturas o candidaturas en cualquiera de los niveles de elección.”
Debe recordarse que el artículo 78, ordinal 8 de la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, dispone que “Los aspirantes que inicien su campaña antes del tiempo oficial de campaña o precampaña serán sancionados con la inadmisibilidad de la candidatura. La Junta Central Electoral será responsable de hacer cumplir esta disposición.”
La JCE acaba de colocar en consulta pública un reglamento que prohíbe la publicación de encuestas electorales antes del inicio de la precampaña, para evitar que las mismas sean utilizadas como parte de la campaña electoral a destiempo, lo que se inscribe en la misma dirección de evitar las campañas anticipadas que usualmente rompen la equidad electoral.
Participación Ciudadana comenzará a organizarse para documentar actividades que puedan calificarse como precampaña o campañas a destiempo, con la finalidad de informarlo a las autoridades y a la opinión pública, con la única intención de disuadir cualquier violación a la ley.




