By Santo Domingo.– El proceso de regularización del sector de juegos de azar en República Dominicana ha enfrentado múltiples trabas administrativas, vacíos regulatorios y decisiones institucionales que han ralentizado su avance, según expuso el presidente del Consejo Consultivo de la Lotería Nacional, Teófilo “Quico” Tabar.
En un comunicado Tabar explicó que uno de los principales obstáculos ha sido la fragmentación de competencias entre distintas instituciones.
Recordó que hasta 2006 la Lotería Nacional controlaba la emisión de licencias, la inspección, la fiscalización y el cobro de obligaciones tributarias del sector. Sin embargo, esas funciones fueron transferidas primero al Ministerio de Hacienda y posteriormente a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), lo que, a su juicio, debilitó la capacidad de control y supervisión integral.
El funcionario señaló que la aprobación de la Ley 139-11 marcó otro punto crítico, al transferir a la DGII las facultades tributarias y establecer una prohibición de 10 años para la creación de nuevas bancas de lotería. No obstante, aseguró que entre 2011 y 2019 se continuaron otorgando permisos a miles de establecimientos bajo otras denominaciones, como “puntos de venta” o “agencias”, lo que, según sostuvo, agravó la expansión irregular del sector.
Tabar también criticó medidas administrativas que, en lugar de agilizar la regularización, se convirtieron en barreras. Entre ellas, mencionó la exigencia de que las bancas estuvieran “interconectadas” para ser enviadas a tributar en la DGII. Afirmó que esa condición contradijo la Norma 11-11, emitida en 2011, que fijaba una cuota mensual provisional de RD$880 para esos negocios mientras se habilitaba dicha interconexión.
Según explicó, la interpretación restrictiva de esa disposición provocó que no se cobrara ni la cuota provisional ni el impuesto fijo de operación, generando pérdidas recaudatorias y manteniendo fuera del sistema tributario a numerosos operadores.
En 2022, el presidente Luis Abinader emitió el Decreto 63-22, que declaró de urgencia la regularización de las bancas de juego y creó un Consejo de Seguimiento integrado por Hacienda, DGII, Lotería Nacional y representantes del sector. El proceso permitió identificar, mediante declaración jurada, más de 90 mil bancas entre legales, ilegales y registradas.
Sin embargo, Tabar indicó que el procedimiento quedó “semiparalizado” tras la entrega de la data levantada al Ministerio de Hacienda en octubre de 2022, sin que se concretara la incorporación provisional de esos negocios al sistema tributario. Un año después, agregó, se ordenó la entrega formal de toda la documentación, lo que retrasó aún más la continuidad del proceso.
Ante ese panorama, el mandatario emitió en 2026 el Decreto 197-26, con el objetivo de reactivar nuevamente la regularización del sector. Para Tabar, esta nueva disposición representa una oportunidad para corregir fallas estructurales y evitar que continúen las demoras que, según afirmó, han favorecido la operación irregular de juegos de azar y la evasión fiscal.
El presidente del Consejo Consultivo insistió en que la prioridad debe ser eliminar procedimientos que dilaten los trámites y garantizar que los operadores, especialmente los ilegales, pasen a tributar conforme a la ley. Además, reiteró que el protocolo aprobado debe fortalecerse y aplicarse sin nuevas interrupciones.
